Me hago eco de una proposición no de ley que se aprobó la semana pasada en el Parlamento de Canarias, a cuenta de los 310 millones de euros que el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, formado por PSOE y Sumar, le ha quitado a los canarios en los últimos años únicamente por no deflactar los tramos estatales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al no ajustarlos al crecimiento de la inflación.
Trescientos diez millones que no son fruto de una subida de impuestos declarada y aprobada en el Consejo de Ministros o en el Congreso, sino de algo más silencioso: dejar congelados, conscientemente, los tramos del IRPF y aprovecharse de las subidas anuales de los salarios de los trabajadores.
Para entender este proceso recaudador hay que explicar qué significa exactamente no deflactar los tramos del IRPF. Todos estamos viendo y sufriendo la subida de los precios: cuando compramos en el supermercado, ponemos combustible al vehículo, o nos tomamos algo en un bar. Y cuando los precios suben, normalmente los sueldos de la mayoría de los empleados aumentan para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Pero si los tramos del IRPF no se actualizan, ese aumento salarial, que no es un aumento real de capacidad de compra, sino una mera compensación a la citada subida de los precios, hace que el trabajador salte a un tramo superior del IRPF y pague más.
El Gobierno de España no deflacta el IRPF desde hace años y eso implica que una parte de la subida anual de los sueldos para intentar compensar la inflación se lo está llevando Hacienda.
En definitiva y hablando claro: las personas pagan más y más impuestos a medida que su salario aumenta intentando, simplemente, compensar el incremento del coste de la vida. Resultado: menos dinero en los bolsillos de los trabajadores. Más y más personas que se van empobreciendo, poco a poco, año tras año.
La pérdida de poder adquisitivo depende de la situación económica de cada persona, pero puede estimarse que, en un entorno de inflación acumulada desde 2019, un trabajador medio ha perdido entre un 5% y un 10% de capacidad de compra real por culpa de esta acción premeditada del Gobierno de España. A lo que hay que sumar que los mínimos personales y familiares del tramo estatal permanecen sin actualizar desde 2015. Es una subida fiscal silenciosa, automática, que no requiere aprobar nada en el Parlamento. Basta con no mover los tramos.
Según el Banco de España, este fenómeno, llamado “progresividad en frío”, explica hasta 1,2 puntos del aumento de los ingresos públicos entre 2019 y 2025. En términos absolutos, unos 17.000 millones de euros en todo el país. En el caso de Canarias, 310 millones de euros que han volado del bolsillo de los canarios.
Así las cosas, en el Parlamento de Canarias se aprobó el pasado 8 de julio de 2026 una proposición no de ley, apoyada por Coalición Canaria, Partido Popular, ASG, AHI y Vox, en la que se exige al Gobierno central que deflacte el tramo estatal del IRPF. El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, sí ha deflactado el tramo autonómico, que es de su competencia. De hecho, los Presupuestos autonómicos de 2025 incorporaron la deflactación del tramo autonómico del IRPF, la revisión de la escala tributaria y el incremento de los mínimos personales y familiares, medidas que volvieron a reforzarse en las cuentas de 2026.
Es una buena señal política, pero no garantiza que, si el PP llega al Gobierno central, vaya a deflactar completamente el impuesto. Podría hacerlo de forma parcial, podría hacerlo solo en algunos tramos, podría hacerlo solo un año, o podría no hacerlo. La deflactación tiene un coste recaudatorio enorme, y todos los gobiernos, sean del color que sean, tienden a evitar medidas que reduzcan ingresos fiscales «fáciles».