Hay momentos donde una crisis no solo pone a prueba los protocolos sanitarios o la capacidad de respuesta institucional. También pone a prueba la forma de entender la política y el respeto hacia los territorios.
La reciente gestión de la crisis del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, deja una conclusión política evidente: Canarias tuvo que exigir coordinación, información y prudencia ante una situación que inicialmente se estaba gestionando desde la incertidumbre y la falta de comunicación institucional adecuada.
Y conviene decirlo con claridad.
Durante las primeras horas de esta crisis, el Gobierno de Canarias conoció por los medios de comunicación aspectos esenciales de una operación sanitaria de enorme complejidad. Sin informes técnicos claros, sin una coordinación suficiente y sin trasladar adecuadamente al territorio afectado toda la información necesaria.
Eso generó preocupación social, incertidumbre y una sensación evidente de improvisación.
En ese contexto, Fernando Clavijo asumió una posición que algunos, ya sabemos quiénes, intentaron caricaturizar políticamente, pero que el tiempo ha terminado validando: exigir prudencia, reclamar información epidemiológica y defender que Canarias debía participar activamente en cualquier decisión que afectara a la seguridad sanitaria y a la gestión del operativo.
No se trataba de confrontar ni de bloquear soluciones, sino de garantizar que una situación extraordinaria se afrontara con transparencia, coordinación institucional y sentido de responsabilidad.
Porque lo verdaderamente preocupante de este episodio además de la propia crisis sanitaria en sí, fue la forma en que desde el Gobierno de España se ninguneó al Gobierno de Canarias, se tergiversó la información, y se generó un relato interesado, sin argumentos ni justificación objetiva, sumado a un oportunismo político por parte de quienes intentaron presentar cualquier petición de cautela como alarmismo o insolidaridad.
Canarias siempre ha sido una tierra solidaria: lo ha demostrado durante décadas en situaciones complejas. Pero la solidaridad no puede utilizarse como excusa para exigir silencio institucional ni obediencia automática ante decisiones poco coordinadas.
Porque gobernar también es proteger. Y proteger significa pedir información cuando faltan certezas. Significa reclamar coordinación cuando existen dudas razonables. Significa defender a los profesionales sanitarios, a los trabajadores implicados en el operativo y a la población canaria cuando se gestionan situaciones excepcionales.
El balance final demuestra que Canarias actuó con responsabilidad y sentido institucional. Y también demuestra algo importante: que el Gobierno de Canarias hizo lo que tenía que hacer, que era defender la seguridad, la tranquilidad y el derecho de esta tierra a participar en las decisiones que le afectan directamente.
Porque Canarias merece respeto institucional. Merece coordinación. Y merece que las decisiones que afectan a su seguridad no se gestionen desde la improvisación ni desde cálculos políticos alejados de nuestra realidad.
Eduardo A. Dávila Pérez