La aprobación de las nuevas ordenanzas fiscales y de gestión de residuos en Tacoronte ha copado buena parte de nuestra actividad en los últimos meses, sobre todo con las nuevas exigencias de la ley, impuesta desde el Gobierno Central, de gestión de residuos. No ha sido una decisión sencilla, lo digo con claridad, porque es una medida que genera inquietudes, especialmente por el impacto económico que tiene en las empresas de nuestro municipio y en muchas familias de Tacoronte.
La nueva Ley de gestión de residuos, como digo, impuesta por el Gobierno de la Nación, establece un principio básico, “quien contamina paga”. Y ese principio, en esencia, lo puedo hasta compartir: quien más genera, más debe contribuir ya que no podemos hablar de economía circular si el sistema no es económicamente sostenible.
Ahora bien, también tengo claro algo: Canarias no es la Península, esto es evidente. Somos un territorio insular, fragmentado, con sobrecostes estructurales derivados de las operaciones de transporte, y todo esto tiene una estructura de costes muy distinta a otros territorios; y esto no lo planteo como una queja, sino como un dato objetivo que condiciona la aplicación de la ley y sobre todo, por el impacto y el esfuerzo fiscal de las personas que vivimos en Canarias.
Como nacionalista, para mí proteger nuestra tierra está en nuestro ADN. No podemos permitir que nuestros suelos, nuestros barrancos y nuestro paisaje sufran las consecuencias de una mala gestión, y mejorar la gestión de los residuos, no es solo una cuestión ambiental, es también una cuestión de gestión pública responsable.
Ahora bien, proteger nuestro territorio no puede significar desatender el impacto económico, y por eso, la denominada tasa no deficitaria impuesta por Ley, invadiendo incluso las competencias municipales, con fallas manifiestas en su propia concepción jurídica -incluso judicializada-, en mi opinión, falla estrepitosamente, y hace repercutir –bajo una sospecha social de insensibilidad ambiental- con una nueva carga fiscal- denominada tasazo de basura-, que por cierto muy significativa, la falta de políticas ambientales durante décadas, y derivando todas las responsabilidades a ese colectivo “indeterminado” denominado “el que contamina”.
En fin, patada a la pelota hacia adelante, mayor presión impositiva a los vecinos y vecinas, y mensaje claro desde el Gobierno Central a los Ayuntamientos: “reconozco que regular la tasa de residuos es una competencia exclusivamente municipal, pero te obligo a que le aumentes la tasa de residuos a las empresas y residentes en tu municipio, ya que, además de mantener el servicio de recogida habitual, deberás ampliar la recogida a otras fracciones como las textiles, los aceites, o los enseres y voluminosos, entre otros.
¿Y ahora qué?
Pues toca cumplir la ley y toca actuar. Me preocupa el impacto, y mucho, sí.
Desde el ámbito municipal, toca proponer activar medidas que mitiguen este sobrecoste. Se ha podido reducir el tipo impositivo del IBI -la denominada Contribución-, que reduce la cuota en un 12%, y que unida a otras bonificaciones -como la del 5% por domiciliación bancaria o la del 20% por el uso intensivo del contenedor marrón de orgánico- compensan el sobrecoste y activa sensibilidades en la separación orgánica a nuestros vecinos.
Pero esto no es suficiente para poder ayudar a nuestras empresas, sobre todo las de restauración y las de alimentación, las más señaladas con esta norma.
A pesar de activar bonificaciones vinculadas a buenas prácticas -ya contempladas en la ordenanza fiscal- y además de reforzar la información y el acompañamiento -ya medidas contempladas en el contrato de gestión-, se precisa de mayor implicación desde la gobernanza local en forma de ayudas a esta transición de las nuevas exigencias legales.
Y ese es mi compromiso: apoyar, acompañar y ayudar económicamente a nuestras empresas a esa transición progresiva de una mejor gestión de los residuos, y que en definitiva, supone proteger nuestra tierra, pero sin olvidare que también tenemos que proteger a nuestra gente.
Eduardo A. Dávila Pérez