Hay una forma de entender la política que consiste en ganar elecciones y gobernar. Es sencilla de explicar. Quien obtiene mayoría suficiente gobierna y desarrolla su programa.

Pero la realidad de muchos municipios ya no funciona así.

Tacoronte es un buen ejemplo. En las elecciones municipales de 2023 concurrieron nueve fuerzas políticas y ocho obtuvieron representación en el Pleno municipal. El resultado fue extraordinariamente fragmentado. Apenas unas decenas de votos podían cambiar la asignación de un concejal debido al sistema electoral y a la aplicación de la Ley D’Hondt.

El resultado final configuró una corporación de 21 concejales repartidos entre múltiples fuerzas políticas, donde ninguna tenía capacidad para gobernar por sí sola.

Y aquí aparece una realidad de la que se habla poco.

Cuando los ciudadanos distribuyen su confianza entre muchas opciones políticas, también están trasladando un mensaje: nadie puede imponer en solitario su proyecto. La gobernabilidad pasa necesariamente por el diálogo, el acuerdo y la capacidad de entendimiento.

Los pactos no son una anomalía democrática. Son precisamente una consecuencia democrática de la pluralidad. Sin embargo, pactar no es sencillo.

Cada partido concurre a las elecciones con ideas, prioridades y sensibilidades distintas. Algunos ponen el foco en los servicios públicos, otros en el desarrollo económico, otros en la sostenibilidad, la cultura, el deporte o la participación ciudadana.

Cuando se constituye un gobierno de coalición, nadie desarrolla íntegramente su programa electoral. Todos tienen que ceder parte de sus planteamientos para construir una hoja de ruta común: eso fue precisamente lo que ocurrió en Tacoronte en junio de 2023.

Tres fuerzas políticas, entre ellas, Coalición Canaria, alcanzaron un acuerdo de gobierno sustentado en dos documentos: un acuerdo político para garantizar la estabilidad institucional durante los cuatro años del mandato y un programa común de actuación municipal para el periodo 2023-2027.

Aquel acuerdo partía de una idea sencilla: trabajar conjuntamente para mejorar la organización interna del Ayuntamiento, recuperar capacidad de gestión y desarrollar una serie de proyectos estratégicos para el municipio. Entre los compromisos adquiridos figuraban cuestiones tan relevantes como la elaboración anual de presupuestos, la mejora de la estructura organizativa municipal, la agilización de la contratación pública, la reducción de los tiempos de pago, el desarrollo de la Agenda Urbana y una amplia batería de actuaciones sectoriales en materia de empleo, participación ciudadana, residuos, movilidad, deportes, cultura o servicios sociales.

Han transcurrido ya casi tres años desde la firma de aquel acuerdo. Y creo que ha llegado el momento, a un año de los próximos comicios, de hacer algo que también forma parte de la política: rendir cuentas de ese programa común.

Y no desde la confrontación ni tampoco desde la idea de que todo se ha hecho bien o de que todo está terminado, sino analizando con serenidad qué compromisos se asumieron, cuáles se han desarrollado, cuáles están en marcha y cuáles siguen pendientes.

Porque gobernar no consiste únicamente en anunciar proyectos, sino en evaluar resultados.

Y porque los pactos políticos no deben medirse por las fotografías del día de su firma, sino por su capacidad para transformar la realidad de los municipios durante los cuatro años de mandato.

En las próximas semanas me gustaría repasar uno a uno los principales compromisos que asumimos en 2023 y analizar, con datos y hechos, el grado de cumplimiento alcanzado hasta hoy. Porque más allá de las siglas, la verdadera pregunta siempre es la misma: ¿ha mejorado Tacoronte?

Eduardo A. Dávila Pérez